“La cuestión del procedimiento penal tiene muchas cosas escritas de avanzada, pero en el medio estamos los seres humanos”

03/10/2025 El Dr. Pedro Otamendi analiza en profundidad el nuevo rol del Ministerio Público Fiscal y la puesta en funcionamiento del Sistema Acusatorio Federal. Qué cambia y porqué.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de Bahía Blanca, que desde el lunes encabezará al Ministerio Público Fiscal de la Nación en once municipios de la provincia de Buenos Aires y en toda la provincia de La Pampa, en el marco de la implementación plena del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en ese ámbito territorial.

A través de la Resolución PGN 42/2025, Casal designó el jueves, de manera provisional, al fiscal general Horacio Azzolin -también titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)- como fiscal con funciones de coordinación en el nuevo distrito, y estableció el nuevo esquema organizacional que reemplazará a las fiscalías federales, las fiscalías generales ante los tribunales orales federales y a la fiscalía general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y Santa Rosa.

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Distrito de Bahía Blanca estará compuesta por dos unidades fiscales: la de Bahía Blanca -con jurisdicción en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist y Villarino-, cuyo titular será el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, y la de Santa Rosa, que intervendrá en toda la provincia de La Pampa y estará a cargo de la fiscal federal Iara Jésica Silvestre.

Asimismo, designó de forma provisoria al fiscal general Gabriel González Da Silva y a Martínez para ejercer los cargos de fiscal revisor y fiscal revisor suplente, respectivamente.

Cada unidad fiscal estará organizada con las siguientes áreas: Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; No Penal y Electoral.

En la resolución, según consigna el sitio “Fiscales”, el procurador recordó que el sistema acusatorio debía implementarse en esta jurisdicción el 5 de mayo, pero se pospuso al 29 de septiembre “debido a las devastadoras consecuencias del temporal que afectó a la ciudad de Bahía Blanca y sus localidades aledañas a principios de marzo de este año”.

El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona estuvo en la presentación en la ciudad de Bahía Blanca el 29 de septiembre, y dijo “estamos dando un paso importantísimo hacia una justicia moderna y eficiente. Murió el nefasto juez de instrucción que existía antes. Murió el expediente escrito. Hoy es todo digital, todo oral, todo inmediato”.

Para conocer la importancia de la adhesión a éste nuevo sistema acusatorio y el impacto que tendrá en el corto y mediano plazo en el poder judicial, LU36 RADIO CORONEL SUÁREZ entrevistó al Dr. Pedro Otamendi. Según el profesional, las modificaciones optimizarán los procesos:

“No había un claro respeto a los principios del estado de derecho y la separación que tiene que haber, ése es el famoso cuestionamiento (al antiguo proceso inquisitivo que se deja atrás). Esto ha ido de la mano de la oralidad, hemos pasado de un alto porcentaje de los expedientes que eran por escrito a ser todo oral, es decir, a las audiencias orales. Se ha armonizado por la tipificación de los delitos y la gravedad de las penas, -porque no cualquier delito va a juicio oral-y también existe la posibilidad de hacer juicio abreviado, una figura que no estaba en el viejo sistema inquisitivo”.

“Ahora hay más elementos en el respeto de las garantías constitucionales, en el viejo sistema inquisitivo como el juez era de alguna manera juez y parte, sí hubo sospechas y cuestionamientos. En el actual, por la inmediatez en cuanto a la investigación por un lado de la fiscalía y el control de las garantías procesales que hace el juez de garantías en ese sentido, pareciera que hay más seguridad en lo que se tiene que preservar que son las garantías constitucionales, que no haya un proceso de nulidad que esté viciado de distintas cuestiones”.

Por otro lado, el letrado explica que “todos los sistemas judiciales, sean continentales, europeos o sudamericanos, en comparación con el sistema anglosajón -EEUU y el sistema inglés- tienen problemas de eficiencia y de resultados, mucho tiene que ver la condición cultural de cada sociedad”.

Un aspecto que emerge a propósito de la puesta en marcha del sistema acusatorio o adversarial es el acceso igualitario a la justicia, tan evidentemente necesario como la asignación de recursos a las fiscalías que se destinen a las adecuaciones edilicias y capacitaciones del personal, aspectos que deberá contemplar su correcta implementación.

Acerca del primero, señala “tenemos una Argentina al norte, otra en la Mesopotamia, otra en el centro y la Provincia de Buenos Aires, y otra en la Patagonia, con condiciones socio ambientales o culturales que se pueden regir por la misma normativa legal: los códigos, pero con resultados no necesariamente iguales. Éstos se pueden ver en dos o tres décadas, es un proceso muy particular de cómo evoluciona. No es lo mismo la justicia de la Provincia de Buenos Aires que es similar a Mendoza, Córdoba o Santa Fe, que Chaco o Chubut y no es poque tenga un concepto peyorativo, sino que hay todo un desarrollo histórico que genera una cantidad de antecedentes muy diferentes, lo mismo la Capital”.

“La cuestión del procedimiento penal tiene muchas cosas escritas de avanzada, pero en el medio estamos los seres humanos: los funcionarios de carrera, los abogados, y el poder político, el que toma las decisiones en definitiva en cuanto a las políticas criminales, y esto al ciudadano de a pie le resulta muy engorroso” dice Otamendi al tiempo que insiste en que ”Argentina tiene que reconstruir instituciones básicas haciendo lo que todo el mundo debe hacer responsablemente sin la mínima mancha de corrupción: la policía, los fiscales, el poder judicial, cumplir sus funciones, y los gobernantes que dictan las políticas criminales estar fuera de toda sospecha, porque sino se nos viene abajo como un castillo de naipes la cuestión”.

Nuevo código penal y deuda histórica con la sociedad

El presidente Javier Milei encabezó este jueves la presentación de un nuevo proyecto de Código Penal en un acto en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Si aprobamos esta reforma, la Argentina va a cambiar en serio. Sabemos que el sistema no da para más y hay que cambiarlo", dijo el mandatario.

Sobre el reciente anuncio presidencial, el abogado y docente retirado opina que “La justicia como poder del estado en la Argentina 2025 está en deuda con la sociedad en un montón de investigaciones, algunas duras y recordadas. No podemos estar ajenos a que la Argentina está viviendo una crisis de seguridad pública muy importante, vengo viendo esto hace varios años. El Estado perdió la calle por que la policía que es una función elemental de seguridad en cuanto a para qué está el Estado, bueh… y en la Provincia de Buenos Aires está muy complicada, especialmente el conurbano. Pareciera que hay diferencias en la Capital porque tienen otro criterio político en materia de seguridad, pero Argentina deja mucho que desear todavía, la justicia como la herramienta punitiva de todo aquel que viola la ley también está en deuda porque hay toda una doctrina, diferentes interpretaciones. Lamentablemente pasará un tiempo hasta poder ver cambios importantes”.

En el final, el Dr. Pedro Otamendi rescata una cuenta pendiente, o como él dirá con ojos bien abiertos “algo central: La política criminal en un país tiene que ir acompasada por herramientas eficientes, por ejemplo, cárceles. Pero llevamos décadas sin inversión”.