“Entre la ley y la realidad hay un abismo”
08/10/2025 Ileana Morganti, vicepresidenta del “Centro de Día y Hogar Esperanza Nuestro Lugar”. Habla con LU36 RADIO CORONEL SUÁREZ acerca del trabajo denodado de la comisión directiva para sacar adelante a la institución, a la vez que explica la desafiante realidad de las personas con discapacidad y sus familias.
“Siempre estamos recaudando fondos” comienza Ileana Morganti, vicepresidenta del Centro de Día y Hogar Esperanza nuestro lugar, madre de un hijo con discapacidad, psicopedagoga, y ferviente luchadora en el complejo entramado de la vida con un miembro en la familia con discapacidad y los obstáculos a los que se enfrentan estas minorías.
La expresión de la dirigente refleja el intenso y denodado trabajo de un grupo de personas que decidió emprender la tarea de salvataje de esta institución dada su delicada situación financiera y laboral. La misma fue creada hace 26 años como espacio de contención y alberge de jóvenes y adultos con discapacidad leve y severa.
“Tenemos una rifa de un chulengo que donó Camilo Martellini e hizo con sus propias manos, hermoso. Será el 18 de octubre en horario a confirmar, por Instagram, y tiene como segundo premio un cordero” explica Morganti. A la rifa -que tiene un valor de $2.000 y se vende como pan caliente ante los miembros de la comisión directiva- se suma la gran presentación en el Club El Progreso de Santa María el 31 de octubre de Lucas Sugo, para lo cual les han cedido espacio de publicidad en la pantalla que los interesados pueden consultar en la página del Centro.
“Cualquier evento o donación nos viene bien por el caudal grande de gastos que tenemos, venimos acumulando deudas de gestiones anteriores, una particularmente muy grande para la que se hizo un plan de pagos, y en estos días nos llegó otra deuda sindical de unos 15 millones de pesos y por la que nos intimaban” dice, dando cuenta de lo que dificultoso que resulta afrontar el plan de cuotas al que se suman “gastos normales como los que hay en una casa: los servicios, el alimento, la limpieza, lo que se rompe, etc”.
La última deuda asciende a los 20 millones de pesos con los intereses y traía aparejada una intimación hace 15 días por la que había que hacer una entrega de 2 millones. “Fue entonces que el Rally nos ofreció la cantina y recaudamos un millón novecientos mil pesos, aproximadamente, lo que nos permitió llegar justos a cubrirla asique re agradecidos. Después son 24 cuotas más y esto no incluye el último período que no se pagó, el 2025 no lo pudimos pagar”. A las deudas existentes hay que añadirle regularizaciones como la habilitación que Ioma (Instituto de Obra Médico Asistencial) exige, con la consecuente tramitación del trabajo ingenieril, modificaciones y otros asuntos.
“Hay entre 14 y 15 residentes, el caudal más grande lo tiene que abonar Ioma que es más del 900 % de todos los residentes, paga por once personas hogar y dos apartes por Ioma Voluntario, y luego los que están en el centro. Necesitamos que Ia obra social si o si cumpla para poder abonar los sueldos, el mes pasado no podíamos pagarlos y llegó el pago de Ioma el 24 de septiembre, por eso la idea es ampliar la cantidad de socios para poder tener un aval cuando se atrasa” señala Morganti.
En el mes de diciembre cuando se produjo la debacle del centro que lo tuvo al borde del cierre, una basta comunidad se acercó con donaciones y ayuda, sin embargo, hoy la comisión se encuentra abocada, con Ariel Schwab a la cabeza, a ubicar a esas personas que no se encuentran registradas, reestructurando la adherencia de esos socios. Como indica Ileana la idea es ir “casa por casa, pero primero queremos recuperar a quienes se habían asociado porque tenemos dos objetivos: hacer socios y conocer la realidad de las personas con discapacidad en Coronel Suárez.
Deudas históricas y demandas urgentes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 16% de la población mundial tiene discapacidad. Esto equivale a más de 1.300 millones de personas.
Según los datos de ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, hasta marzo de este año 1.900.061 personas tenían Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en el país. La mayor cantidad de certificados emitidos corresponde a niños de entre 0 y 14 años (28,8%). La deficiencia física motora (24,5%) y la mental (23,6%) son las principales causas.
El origen de la discapacidad del 30,9% de las personas con CUD es adquirido; el 13,5% es congénito y el 55,7%, desconocido.
A partir de la adhesión de Argentina en 2008 a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cambió la manera de entender y certificar la discapacidad en el país.
Mas allá de las estadísticas, hurgar en el universo que habitan estas personas y sus familias es observar la multiplicidad de barreras a las que deben enfrentarse a diario. Por un lado éstas barreras son sociales, arquitectónicas, burocráticas, económicas, de accesibilidad y comunicación; por el otro, la ausencia de políticas públicas eficaces y sostenidas explica la baja calidad de vida de este grupo social y la imposibilidad de ocupar ciertos espacios afines al común de la gente (un trabajo, una función pública o institucional). Como prueba de este desalentador diagnóstico basta mirar Coronel Suárez, réplica de numerosos sectores del país con similares dificultades como la falta de dispositivos de apoyo, acaso la más urgente.
“En Suárez contamos para los adultos con el Centro de Día y el Taller protegido, para los niños y jóvenes con la Escuela Especial pero no tenemos lugares para cuando egresan, salvo algún que otro taller. El tema del trabajo, la vida independiente, otros espacios para los adultos y sobre todo a quienes se les asocia la salud mental (que es un tema gravísimo en Suárez) no tenemos acompañamientos terapéuticos suficientes ni formados en salud mental para determinadas situaciones que requieren una formación extra como la aptitud psicológica para enfrentarse a problemas de gravedad y cierta complejidad o la contextura física. Es un tema multifactorial: las obras sociales que no pagan en tiempo y forma y los profesionales no cobran adecuadamente y por otra parte necesitamos acompañantes especializados, si bien hay excelentes en las escuelas (en las que también hay demanda)”.
“Con la provincia no tenemos diálogo, porque la institución es privada. El municipio aporta 1 millón de pesos por mes y cedió un terreno, luego está la Dirección de Discapacidad, a la que puede acudir cada persona en lo individual y con la que no tenemos mucho contacto porque nuestras necesidades pasan por otro lado y las tratamos de solucionar en forma privada. Sí nos dirigimos al municipio cuando eventualmente hay algún problema de pago con Ioma” indica sobre el apoyo estatal.
El terreno al que hace referencia planea darle al Centro la posibilidad de construir una vivienda y así obtener buenas ganancias en un sorteo para cubrir otras necesidades y anhelos como ampliar las instalaciones, inclusive una piscina en el mejor de los casos.
La reflexión final profundiza el brillo de los ojos de esta mujer de voz suave y clara. “En lo individual mi gran sueño es la función Respiro -me han prometido que me van a acompañar, aclara- es decir, tener un espacio para los findes de semana, las vacaciones de las familias de aquellas personas con discapacidad y trastornos conductuales graves, que cumpla la función de dar cierto “respiro” a los cuidadores y a la vez preparar a nuestros hijos para la vida independiente: la gran preocupación es que pasará cuando la familia no pueda hacerse cargo de sus hijos, muchos tienen hermanos, hay familias monoparentales con hijos con discapacidad. El tiempo pasa para todos” culmina, convencida de que se puede continuar trabajando por igualdad, aunque “faltan muchas políticas públicas.
“La sociedad responde más de lo esperable, la discapacidad es algo que nos puede tocar a todos en algún momento de la vida, pero es muy difícil que el ser humano piense en algo que no le está pasando. Faltan muchas políticas públicas, nosotros tenemos todas las leyes necesarias, con la Convención (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) está la salud, el trabajo, la vida independente, no necesitamos más que eso, pero muchas veces entre la ley y la realidad hay un abismo, entonces se quedan en lo superficial las políticas públicas y no termina de solucionar ni a las familias ni a las personas con discapacidad el problema de base. El 80 % de las personas con discapacidad no tiene trabajo”.
